El Ministerio de Trabajo quiere ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento: la decisión está en manos de Junts

El Ministerio de Trabajo ha anunciado un acuerdo con los sindicatos para que se amplie el permiso por fallecimiento de familiares a 10 días. Actualmente, la norma se encuentra en la posibilidad de pedir dos días ampliables a cuatro. Pero este acuerdo entre el departamento de Yolanda Díaz, CC OO y UGT, lo rechaza completamente la patronal.

Según confirmó Joaquín Pérez, secretario de Estado de Trabajo, el pasado martes, 3 de febrero, la intención del ministerio es tramitar esta norma como un real Decreto Ley. Esto es que entraría en vigor nada más recibir el aval del Consejo de Ministros y que máximo en un mes debería ser convalidada. Sin embargo, se puede dar la extraña situación de que durante ese mes haya personas que accedan a ese permiso, pero que después la mayoría de derechas del Congreso tumbe este nuevo derecho.

Joaquín Pérez, tras llegar a un acuerdo: “Es una norma urgente”

“En principio querríamos que esto se hiciera cuanto antes”, aseguraba Pérez. “La intención sería que la norma aprobara los permisos por duelo y fallecimiento fuera una norma urgente y nuestra predisposición es hacerlo mediante un real decreto ley en breve”, añadía el secretario de Estado de Trabajo.

Este acuerdo también plantea 15 días de prestación por cuidados paliativos y un día de acompañamiento en la eutanasia. Pero esta medida fue rechazada por las patronales CEOE y Cepyme. “Los planteamientos del ministerio suponen, dada su naturaleza, un nuevo intento de trasladar a las empresas el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración”, señalaban en un comunicado emitido a principios de diciembre, acusando, además, al Gobierno de expulsarles de la negociación.

Pero estos cambios suponen una modificación del Estatuto de los Trabajadores, por lo que se necesitaría el aval del Parlamento para seguir adelante. El PP, por su parte, ya ha anunciado que votará en contra. Por lo tanto, dependen del voto favorable de Junts. Para que salga adelante esta modificación el Gobierno necesita el sí de toda la izquierda y el apoyo de los dos partidos nacionalistas de derechas (Junts y PNV).