Con el final del mes de enero se ha cumplido el primero en España con la obligación de usar la baliza V16 conectada con la DGT para señalizar situaciones de emergencia. Los conductores españoles han tenido, primero, que adquirir una homologada por Tráfico y, después, algunos han tenido ya que hacer uso de ella.
Y también han llegado... las primeras multas por no llevarlas o no utilizarlas para señalizar un peligro, como es preceptivo desde el 1 de enero (en sustitución de los triángulos de emergencia). Y eso que tanto el director de la DGT, Pere Navarro, como el ministro del Interior (el que asume las competencias de Tráfico), Fernando Grande-Marlaska, habían anunciado que habría 'piedad' en una primera fase desde la introducción de la nueva norma.
Es cierto que esa 'moratoria' no está reflejada por escrito en ningún docuemnto, de modo que no se sustenta legalmente... aunque según Pyramid Consulting esas manifestaciones podrían servir para recurrir estas primeras multas sobre las balizas V16.
La clave: el 'principio de confianza'
Aunque la multa responde a la violación al artículo 10.3 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV) y del artículo 18.1 del Reglamento General de Vehículos (que se refieren a los elementos de señalización obligatorios), la empresa considera que las declaraciones de los responsables de Tráfico refiriéndose a un "periodo razonable" (de nuevo sin concretar) en los que la Guardia Civil no sancionaría por no llevar las balizas V16, pueden servir como argumento para recurrir las multas.
Para ello, acuden a un concepto sobre el que existe jurisprudencia que es el 'principio de confianza legítima', dado que la administración no estaría actuando acorde a lo que había anunciado previamente. Para Pyramid Consulting, la administración no está actuando "con previsibilidad, seguridad jurídica, buena fe y transparencia", algo que debe regir sus actuaciones, como se recogen en los artículos 9 y 103 de la Constitución Española.
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